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La oleada de centroamericanos que impacta la frontera entre Texas y el estado mexicano de Sonora vuelve a poner en aprietos al gobierno de Barack Obama.

Era el sábado de madrugada, Claudia y su hijo César pasaban una noche más en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en San Antonio (Texas), cuando de pronto entraron en la pieza unos agentes. Le comunicaron que estaban libres.

Fuera llovía y hacía frío, pero al salir se encontraron con muchas otras familias a los que también habían sacado de estas instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). En total, fueron cerca de 600 los inmigrantes centroamericanos liberados desde el viernes en Dilley y Karnes City, los dos mayores centros de detención en la zona, con capacidad para unas 3,700 camas. La mayoría de ellos, procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, llegaron a la frontera huyendo de la violencia y la pobreza y buscando asilo.

“No entendíamos nada, mucha gente venía llorando confundida, enfermos”, cuenta Claudia. “Yo estaba esperando mi respuesta a la entrevista para la petición de asilo (programada) para el lunes, pero desde antenoche empezaron a sacar gente y más gente”.

“Muchos no le pudieron avisar a los familiares”, asegura desde la Iglesia Metodista de San Antonio, donde se han refugiado junto con su hijo para esperar a reunirse con su esposo, como muchas de las personas liberadas estos días.

La liberación se dio después de que el viernes la jueza Karin Grump dictara en un juicio en Texas un veredicto final que cuestiona la capacidad del gobierno para obtener licencias de cuidado infantil en los centros de detención familiares de ICE. Este año, el estado había otorgado los permisos de operación a través de una nueva normativa, pero organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda para impedirlo.

Las cárceles familiares de ICE procedieron a cambiar de centros de detención a centros de cuidado infantil luego que una corte de California ordenara el año pasado la liberación de todos los menores de edad en poder de esa oficina federal, y advirtiera que el gobierno estaba violando un acuerdo judicial de 1997 conocido como Flores versus Meese.

Qué dijo la corte

De acuerdo con el fallo de la jueza Grump, la norma “transgrede el código de recursos humanos de Texas y va en contra de sus objetivos generales”. Esto significa que el estado no puede emitir licencias de cuidado infantil a los centros de detención para inmigrantes bajo el control de ICE.

Justin Tullius, vocero de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes RAICES, dijo que veían la liberación de estas familias como una buena señal, pero no están seguros que se deba directamente a la decisión de la jueza. “El gobierno continúa deteniendo a cientos de otras familias. Si están respondiendo a la orden y quieren realmente cumplir con la ley, entonces que los liberen a todos", apuntó.

El dictamen especificó que los menores no debían permanecer en establecimientos sin licencia para cuidado infantil por más de 21 días mientras esperan el resultado de sus casos de asilo.

GEO Group y CCA hicieron cambios a sus políticas internas en enero para conseguir licencias de operación bajo un nuevo rubro. Entre las moficicaciones que sugirieron está la de permitir a los padres estar con sus hijos en todo momento. Pero los grupos proinmigrantes interpretaron las medidas como una simple fachada para continuar alojando a cientos de familias por largos periodos de tiempo.

ICE asegura que los tiempos de espera se han acortado considerablemente a un promedio de 10 días, pero las explicaciones no calman las exigencias de las organizaciones, quienes insisten en que eso no ocurre siempre y continúan viendo casos de familias que permanecen detenidas por meses.

El gobierno revisa el fallo

El vocero de ICE para la zona centro, Carl Rusnock, dijo a Univision Noticias que “están revisando la orden del juez respecto a la operación de las licencias. Las actividades operacionales continúan sin interrupciones en este momento”.

Fuentes al interior de ICE dijeron que la liberación de algunas familias desde Karnes City y Dilley durante el fin de semana “fue parte de las operaciones rutinarias y no una respuesta a la orden judicial”.

A mediados de año, la jueza Crump emitió una orden temporal que impidió que Texas le expidiera la licencia al centro de detención de Dilley, operado actualmente por Corrections Corporation of America (CCA).

Antes que presentaran la demanda, Texas había concedido la licencia al centro de detención de Karnes. La orden judicial invalida esa decisión.

No le temen a Trump

“Yo me vine de El Salvador porque las pandillas me empezaron a pedir dinero para no tocar a mi hijo. Nuestro hijo salía a la escuela o a la casa. Vivíamos presos en nuestro hogar”, aseguró Claudia.

Aunque su voz está llena de esperanza luego de salir de Dilley, está consciente que le espera un camino largo. “Sé que es una lucha enorme, pero vale la pena”, dice.

Claudia también está consciente que el próximo año las cosas pueden cambiar con la administración de Donald Trump, quien ha prometido una política mucho más dura en inmigración y las peticiones de asilo; pero no pierde la fe.

"Tenemos miedo con Trump, pero sé que hay un Dios que nos va ayudar. No somos delincuentes, huimos de la delincuencia”, concluye.

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